Carlos Bejarano, de 37 años, murió tras sufrir una detención violenta el 12 de septiembre en Mairena del Aljarafe, Sevilla. Su padre, Ángel, ha denunciado a la Guardia Civil por homicidio y ha publicado en redes sociales el vídeo de la tremenda brutalidad policial que grabó durante la detención.
En el vídeo se observa a cuatro agentes de la Guardia Civil inmovilizando a Carlos con una violencia desmedida. Uno de ellos mantiene en todo momento una fuerte presión sobre el cuello del detenido, rodeándolo con el brazo derecho y ayudándose con el izquierdo para estrangularlo hasta asfixiarlo, mientras él emite sonidos guturales tratando de respirar sin éxito, inmovilizado boca abajo, esposado, y con su cuerpo aplastado contra el asfalto por tres guardias civiles.
También se escucha cómo una persona pide en varias ocasiones que dejen de grabar. En la escena sólo estaban los agentes de la Guardia Civil que intervinieron y miembros de la familia de Carlos, que llamaron a emergencias tras una disputa familiar. Se puede adivinar fácilmente quién quería que Ángel dejara de grabar el impactante vídeo.
Carlos sufrió una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de la asfixia a manos de los agentes. Esto es más que evidente al ver las imágenes, por mucho que ahora los medios de comunicación se empeñen en blanquear la execrable actuación policial.
En las imágenes emitidas en televisión también se observa cómo el Guardia Civil que lo estrangula intenta después reanimarlo mediante maniobras de resucitación mientras Carlos está clínicamente muerto. Después fue atendido por personal sanitario, trasladado al hospital y mantenido vivo, en coma, durante una semana más.
La ambulancia tardó demasiado en llegar y no contaba con personal médico ni instrumental de soporte vital, por lo que no era la indicada para tratar una parada cardiorrespiratoria. La nefasta gestión política de las emergencias y el desmantelamiento de la sanidad pública garantizaron la peor de las atenciones posibles a la víctima, pero ésa es otra historia.
El padre de Carlos, además de denunciar a la Guardia Civil por homicidio, se queja de que no le entregan los resultados de la autopsia cuando los solicita. No interesa que se conozca esta información, pues sería decisiva a la hora de una posible condena, además de inflamar el rechazo social contra la cruenta forma de actuar de la Guardia Civil.
También señala que su hijo fue golpeado con porras extensibles de acero durante la detención. Estos temidos instrumentos de tortura hasta hace poco se consideraban ilegales debido a su potencial letalidad, aunque su uso por antidisturbios contra manifestantes desarmados siempre ha sido denunciado como algo habitual. El gobierno del PSOE y Unidas Podemos invirtió 2 millones de euros de dinero público en generalizarlas en la Policía en 2021. Desde el Ministerio del Interior indican que no se debe golpear con ellas en la cabeza y la columna vertebral, lo que recuerda a las recomendaciones para disparar balas de goma indirectamente, que tantas veces han sido incumplidas provocando daños irreversibles a manifestantes pacíficos. No tardaremos en ver cómo se llevan a alguien por delante con una de estas malditas porras.
Para detener a alguien no es necesario apalearlo y estrangularlo. Y la Guardia Civil debería saberlo. Cuando alguien inmovilizado boca abajo mediante una fuerte presión en cuello y tórax emite sonidos guturales, es porque se está muriendo. Y la Guardia Civil debería saberlo. ¿Acaso no lo sabían?
La muerte de una persona a manos de un cuerpo policial es un hecho gravísimo, despreciable, al que tristemente parece que la sociedad española está acostumbrándose. Todavía no nos hemos recuperado del impacto de las 23 personas muertas en la frontera de Melilla bajo custodia policial. Tampoco ha habido consecuencias políticas, destituciones, disculpas ni nada en absoluto, pese a las brutales imágenes donde se observa el trato inhumano que reparte la policía con fatales resultados. Sólo asquerosas excusas y justificaciones de un gobierno que se autodenomina progresista y socialista, mientras sus cuerpos de seguridad vulneran sistemáticamente los Derechos Humanos con auténtico tufo fascista y racista.
Ojalá nos equivoquemos, pero todo apunta a que el de Carlos será un caso más en la larga lista de actuaciones policiales violentas que quedan impunes en el estado español. Nos espera un largo juicio intoxicado mediáticamente y sin apenas consecuencias. Un lavado de cara superficial que de seguro obviará la causa del problema: La existencia de cuerpos armados con total libertad para usar su violencia impunemente contra la población.
No podemos hacer menos que mostrar nuestra más enérgica repulsa a este nuevo abuso policial con resultado mortal. Exigimos el fin de la violencia policial y el cese total e inmediato de los agentes que intervinieron en la detención de Carlos Bejarano, así como la dimisión de la Directora General de la Guardia Civil María Gámez y el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.
Basta de violencia policial. Basta de impunidad.